Limitaciones de pagos en efectivo.

Desde el 19 de noviembre entra en vigor la Ley 7/2012, de 29 de octubre, que establece nuevas limitaciones para pagos en efectivo y que resultará de aplicación a todos los pagos efectuados desde esa fecha, aunque se refieran a operaciones concertadas con anterioridad.

Dicha norma establece que no podrán pagarse en efectivo las operaciones por un importe igual o superior a 2.500 euros (o su contravalor en moneda extranjera) en las que alguna de las partes actúe en calidad de empresario o profesional.
Si el pagador fuera una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional, la cantidad límite se eleva a 15.000 euros (o su contravalor en moneda extranjera).

A efectos del cálculo de las cuantías se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios.

Por “efectivo” se entiende no sólo el papel moneda y la moneda metálica (nacionales o extranjeros), sino también los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda y cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago al portador.

Los intervinientes en las operaciones deberán conservar los justificantes del pago, durante el plazo de cinco años desde la fecha del mismo, para acreditar que se efectuó a través de alguno de los medios de pago distintos al efectivo. Asimismo, están obligados a aportar estos justificantes a requerimiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Esta limitación no resultará aplicable a los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito.

El incumplimiento de esta prohibición se considerará infracción grave y la sanción consistirá en una multa equivalente al 25 % de la cuantía pagada en efectivo. Tanto el pagador, como el receptor, responderán de forma solidaría de la infracción y de la sanción que se imponga, pudiendo la Agencia Tributaria reclamar indistintamente a cualquiera de ellos, o contra ambos a la vez.
La parte que dentro de los tres meses siguientes al pago denuncie a la otra parte ante la Agencia Tributaria quedará exenta de responsabilidad.

Esta infracción prescribirá a los cinco años, que comenzarán a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.